Así lo refleja el último estudio sobre morosidad y comportamiento de pago presentado por nuestra Federación Nacional FENIE, cuyos resultados confirman una mejora generalizada en los plazos de cobro y una importante reducción de los impagos durante 2025. El sector de las instalaciones continúa de esta manera mostrando signos de fortaleza y capacidad de adaptación.
Para las empresas instaladoras andaluzas, estos datos representan una evolución positiva en un contexto marcado por la transformación energética, la digitalización y el incremento de la actividad vinculada a la eficiencia energética y las energías renovables.
Según el informe, la facturación media de las empresas instaladoras aumentó un 5,93% respecto al año anterior, mientras que el ratio de morosidad descendió hasta el 3,5%, prácticamente la mitad del registrado en 2024. Estos indicadores ponen de manifiesto la solidez de un sector estratégico para el desarrollo económico y la transición energética.
No obstante, el estudio también advierte de que siguen existiendo importantes diferencias en los plazos de pago según el tipo de cliente. Las operaciones realizadas para constructoras y grandes empresas continúan registrando tiempos de cobro superiores a los establecidos legalmente, especialmente cuando intervienen sistemas de pago mediante confirming. Una situación que afecta directamente a la liquidez de muchas pymes instaladoras, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial del sector en Andalucía.
Entre los aspectos más destacados figura la mejora experimentada en los pagos de la Administración Pública, cuyo plazo medio se ha reducido hasta los 45 días, veinte menos que el año anterior. Sin embargo, esta evolución aún no se traslada de forma homogénea a toda la cadena de subcontratación, donde persisten retrasos que generan incertidumbre y dificultades de gestión para numerosas empresas instaladoras.
El informe también revela un cambio en las principales preocupaciones de las empresas de cara a 2026. La falta de actividad en determinados segmentos de mercado y la creciente carga burocrática se sitúan entre los principales desafíos identificados por los profesionales del sector.
Asimismo, se constata una mayor concienciación empresarial respecto a los derechos frente a la morosidad. De hecho, nueve de cada diez participantes consideran necesaria la implantación de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento efectivo de los plazos de pago establecidos por la normativa.
Desde FADIA se valora positivamente la evolución reflejada en el estudio, al tiempo que se insiste en la necesidad de seguir avanzando hacia unas condiciones de pago más justas y equilibradas para las empresas instaladoras andaluzas. La reducción de la morosidad y el cumplimiento de los plazos legales resultan fundamentales para fortalecer la competitividad, la estabilidad financiera y la capacidad de crecimiento de las pymes que sustentan el sector.